Crean comisión para identificar restos de 314 personas




México, 22 Ago. (Notimex).- La Procuraduría General de la República (PGR) firmó un convenio con diversas organizaciones para crear la Comisión Forense de identificación de los 265 restos humanos encontrados entre 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, y los 49 hallados el 23 de mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León.


Durante su intervención, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó que es obligación del Estado mexicano atender este problema y buscar soluciones, y hacer todo lo que sea necesario para ser más eficientes en esa búsqueda.

?Mi compromiso público es simple y llanamente hacer todo lo que está en mis manos, como lo están haciendo quienes me ayudan en este trabajo, ése es el compromiso fundamental, que no lo dice el convenio, pero que con mi firma en él dejo claro?, subrayó.

A su vez, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, indicó que la firma del convenio es un instrumento valioso para iniciar un trabajo importante que suma voluntades.

Destacó que en esta tarea no se pueden escatimar esfuerzos, ya que el reto es lograr la identificación de los cuerpos encontrados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León, por lo que expertos forenses trabajarán para obtener buenos resultados.

En su oportunidad, la integrante del Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, Honduras, Rosa Nelly Santos, señaló que con la firma de ese convenio las autoridades abren una ventana para conocer qué sucedió con sus seres queridos.

Las representantes del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, Guadalupe Zelaya Galán, y del Grupo San Luis de la Paz, Justicia y Esperanza, Ángela Juárez, coincidieron en que no claudicarán en la búsqueda de sus familiares.

Por separado, en el marco del tercer aniversario de los hechos ocurridos en San Fernando, el Foro Migraciones destacó que México ha tenido avances en la protección de migrantes, como la nueva ley en la materia, pero lamentó que continúen las violaciones a sus derechos humanos.

En un pronunciamiento sobre el tercer aniversario del hallazgo de 72 cadáveres de migrantes indocumentados en San Fernando, el foro, integrado por varias organizaciones dedicadas a la defensa de la migración, señaló que la situación aún es grave.

El pronunciamiento reconoció como avance la aprobación y puesta en operación de la Ley de Migración, aunque señaló que en ella permanecen vinculados los temas migratorio y de seguridad nacional, lo que mantiene peligrosamente la criminalización de los migrantes.

Pero además, consideró, son sistemáticas las violaciones a los derechos de la población migrante, tanto de la delincuencia organizada, como de autoridades gubernamentales de diversas instancias.

Persisten los secuestros, asaltos, violaciones sexuales, extorsiones, tortura, tráfico y trata de personas hacia los migrantes, reportados por organizaciones sociales y mecanismos de protección de derechos humanos nacionales e internacionales, denunció.

El Foro Migraciones advirtió que también persisten el acoso oficial y la criminalización contra las casas y refugios para migrantes y su personal a lo largo de la ruta migratoria mexicana.

A tres años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas

A tres años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Amnistía Internacional (AI) reclamó al Gobierno mexicano su incumplimiento de promesas y la inoperancia en el caso de los 72 inmigrantes asesinados en Tamaulipas, en el noreste de México, cuando se cumplen tres años de la masacre.

"El Gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México", apuntó el representante en México de la organización defensora de los derechos humanos, Daniel Zapico, informó la agencia Efe.

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Mientras no se anuncien y apliquen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los inmigrantes a su paso por México "las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas", afirmó.

En un comunicado, AI recordó que se cumplieron tres años de esta masacre registrada en el municipio de San Fernando, en la que 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron asesinados por miembros del cártel de Los Zetas.

¿Cuál es la verdad?

"A pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia", apuntó.

La agrupación denunció que "la identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente", y consideró "grave" la falta de transparencia en el manejo de los casos.

A los pocos días de encontrarse los 72 cuerpos, el Gobierno federal, encabezado entonces por Felipe Calderón, anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de inmigrantes, recordó la organización.

AI hizo "un urgente y enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas para garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país e informen a la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados".

Piden llevar el caso a tribunal internacional

Hoy, más de 30 organizaciones que defienden los derechos humanos y otras organizaciones piden someter a un juicio internacional a los gobiernos de México, Estados Unidos y los de los países de origen de los migrantes.

De acuerdo a lo que publicó el sitio web Aristegui Noticias, las organizaciones a favor de los derechos humanos, académicos, universidades mexicanas y extranjeras encabezarán una "preaudiencia" del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en donde podrían sentarse las bases para establecer el juicio internacional.

Dicha "preaudiencia", informa el medio, comenzará el lunes 19. En ella presentarán su testimonio los familiares de las víctimas, así como defensores de migrantes que operan en las entidades mexicanas de Oaxaca, Coahuila, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala, citó el medio al doctor en Derecho Camilo Pérez Bustillo, quien además es académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

"Éste es un tribunal de conciencia de orden simbólico y no vinculante, en el que se siguen todos los protocolos de un juicio, aplicando los criterios del derecho internacional, así como los convenios de derechos humanos suscritos por México, y cuyo principal objetivo no es sólo denunciar ante el mundo los abusos cometidos aquí contra las personas migrantes, sino también denunciar que estos abusos son reflejo de algo que denominamos

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